POR PAOLO BENZA
La Universidad fundada por César Acuña tuvo que desistir de
programas, extinguir filiales, prohibir préstamos a accionistas, reducir sus
márgenes e invertir más de S/400 millones para cumplir las Condiciones
Básicas de Calidad.
Para la Universidad César Vallejo (UCV), lograr el
licenciamiento no ha sido fácil. Junto a la Universidad Alas Peruanas, en las
últimas décadas se había convertido en un símbolo mediático de la baja calidad
que la Ley Universitaria busca combatir. Durante años, ambas lideraron el ranking de Ipsos
para egresados que las empresas no querían contratar y aparecen todavía en la
cola —aunque con avances— de las mediciones de investigación. A la par,
sin embargo, la UCV desarrolló un modelo de expansión acelerada que la volvió
demasiado grande para caer.
Cuando inició el proceso de licenciamiento, en noviembre del 2015,
la UCV ya era
la segunda universidad con más alumnos del país (más de 100,000) y su
denegatoria parecía altamente improbable. Pero ser ‘too big to fail‘ no la ha eximido de tener que hacer sacrificios.
La UCV tuvo que
invertir cinco veces su promedio anual de utilidades para conseguir el
licenciamiento oficial que Sunedu le acaba de otorgar, según su gerenta general
Karina Cárdenas. Además, ha tenido que ajustar costos administrativos, sincerar
su oferta académica, transparentar su gobierno corporativo y resignar
momentáneamente sus márgenes.
SEMANAeconómica accedió al informe completo de licenciamiento de la
universidad fundada por el excandidato presidencial César
Acuña —hoy con 96,790 alumnos de pregrado y 104,480 en total— y
presenta aquí un análisis detallado de sus resultados.
CAMBIO
DE MODELO FINANCIERO
Entre el 2014 —año en que se aprobó la nueva Ley Universitaria— y el
2018, la UCV ha
tenido que invertir más de S/400 millones para adecuar sus estándares de
calidad a los exigidos por la Sunedu, asegura Cárdenas. Parte importante de esa
inversión ha sido financiada mediante préstamos con bancos, a plazos mayores
que los que acostumbraban manejar. “Inicialmente trabajábamos con deudas de
corto y mediano plazo. Ahora lo estamos pasando casi todo a mediano, entre ocho
y diez años”, detalla la gerenta.
Pero más allá de este fuerte desembolso —que representa cinco veces su
promedio anual de utilidades antes de impuestos, de alrededor de S/80
millones—, el licenciamiento ha obligado a la UCV a empezar a cambiar su modelo de negocios. Como analizó esta revista hace tres años, se trata de
una universidad que sustentó su crecimiento privilegiando rentabilidad sobre
calidad. En el 2014 tenía costos de venta —directamente relacionados a la
prestación del servicio educativo— diez puntos porcentuales por debajo de la media del mercado y de
sus gastos administrativos.
Como parte de su adaptación, sin embargo, la UCV asegura haber rebalanceado esa estructura. “Hemos ajustado el tema
administrativo. Antes, por ejemplo, manejábamos compras por cada campus, hoy es
una sola compra corporativa. El ajuste total fue de entre 20% y 30%”, dice
Cárdenas. Y del otro lado, la Sunedu detalla en su informe que “el incremento
de recursos asignados para la prestación del servicio educativo en el periodo
2019-2021 —de 18%— es mayor al incremento del número [previsto] de estudiantes,
de 6%.
El cambio de fórmula también tuvo un impacto momentáneo sobre la
utilidad antes de impuestos de la universidad, que tocó un piso de 4% en el
2017. El margen venía cayendo desde el 2015 (ver gráfico), debido al
“incremento de costos y gastos por la adecuación a la Ley Universitaria, a
mejoras en las condiciones básicas de calidad y al impacto del Fenómeno de El
Niño sobre la capacidad de gasto de sus alumnos”, según la Sunedu. A estos
factores se le suma otro, que esta revista previó en el 2016 consultando a
fuentes del mercado: el impacto sobre sus matrículas del escándalo de plagio
que Acuña enfrentó en la campaña presidencial del 2016.
NO MÁS
POLÍTICA
Un aspecto en el que la Sunedu hace especial énfasis en su informe es el
vínculo entre la gestión de la universidad y la carrera política de su
fundador. Hasta el 2014, los anexos de los estados financieros de la UCV detallaban “préstamos a accionistas” —entre los que estaba
César Acuña— y “préstamos a APP”, su partido político. Según cifras de la ONPE,
en la primera vuelta de la campaña presidencial del 2016, Acuña declaró haber
gastado más dinero que todos los demás partidos, S/23.6 millones, y ya en el
2010 lo habían multado por recibir aportes “en exceso” de la UCV.
“Hasta hace un tiempo podía haber préstamos a accionistas y eso era un
tema de ellos. Ahora ya no hay más préstamos a accionistas o empresas
relacionadas. Solamente a trabajadores con sueldo menor a S/5,000, cuando
tienen problemas económicos”, dice Cárdenas. Como parte de su adecuación, la
universidad ha incluido en su normativa la prohibición explícita de realizar
estos desembolsos. “El propósito es que tengamos un manejo mucho más
transparente. Siempre nos han preguntado si estamos usando los fondos para
propósitos no universitarios”, agrega.
En línea con estos cambios, la universidad ha cobrado en los últimos
años S/3 millones a sus empresas relacionadas, según Sunedu. Esta cifra, no
obstante, todavía es chica frente a —por ejemplo— lo gastado por Acuña en el
2016. “Lo que se tenía de préstamos a APP ya se saneó. Hemos hecho un
cronograma para cobrar los demás préstamos”, dice Cárdenas. Otro de los
compromisos asumidos por la UCV es reinvertir a partir de ahora el 70% de sus utilidades y
repartir sólo el 30%. En marzo de este año, César Acuña dejó de ser parte de su
directorio y en el 2016 ya había renunciado a sus cargos directivos en la
universidad.
La otra política reorganizada ha sido la de becas. Los opositores
políticos de Acuña lo acusaban de utilizarla en forma indiscriminada para hacer
clientelismo político. “Antes venía una persona, decía ‘yo soy pobre’ y le
dabas una beca. Ahora tiene que demostrar que tiene buen rendimiento
académico”, cuenta Cárdenas. Pese a todos los cambios, la Sunedu igual
recomienda en su informe “procurar la idoneidad de los integrantes de su
directorio, así como su independencia respecto a organizaciones con fines
distintos a los educativos”. También exige que, en los próximos años, la UCV
presente “evidencias sobre la implementación de la política de pago de
dividendos y reinversión”.
¿Y LO
ACADÉMICO?
Más allá de la estructura financiera, la esencia de una universidad es
su producción académica. “No te estoy diciendo que todas las condiciones
básicas [de calidad] (CBC) las teníamos superadas, pero había algunas que sí”,
dice Cárdenas. Por ejemplo, en el 2016 la UCVya tenía 26% de profesores a tiempo completo —frente al mínimo exigido
de 25% de las CBC— y esta proporción ha ido subiendo en los últimos años hasta
36%. Asimismo, al 2018-II ha reportado 68% de profesores con maestría, aunque
una porción importante de ellos obtuvo —de forma válida— este grado académico
en la misma universidad, según una fuente vinculada al licenciamiento.
El punto de las CBC en el que la universidad ha tenido que trabajar más
ha sido la investigación, acepta su gerenta. “[Todas] las universidades
peruanas en investigación están en pininos”, argumenta. Como parte de su
adecuación, la UCV creó
el Vicerrectorado de Investigación, cuatruplicó su presupuesto en esa área (de
S/2.5 millones a S/11.5 millones) y estableció, por primera vez, bonos para sus
docentes investigadores. No obstante, su presupuesto para investigación todavía
es apenas 2.4% del total y, al 2018, está todavía en el puesto 33 para el Perú
del ranking SIR. Por eso la Sunedu señala como oportunidades de mejora
“fortalecer la gestión en investigación” y “mejorar la producción académica”.
Otra medida que la UCV ha tenido que tomar es el sinceramiento de su
oferta académica: desistió de 39 programas de estudios y de brindar el servicio
educativo en cinco filiales. Esto acerca su ratio de alumnos por docente al
promedio de universidades privadas licenciadas (ver gráfico), aunque lo
mantiene todavía por encima. En cuanto a la tasa de admisión, la situación es
similar: al 2016, la Sunedu reporta que el 70% de los postulantes a la UCV ingresaban, frente a una tasa de 74% en las universidades privadas
licenciadas. Sin embargo, esta cifra ha ido cayendo y, en el primer ciclo del
2018, alcanzó el 91% para la UCV.
Por otro lado, en el 2018 la universidad invirtió S/1.3
millones en la compra de licencias de bases de datos científicas y un software antiplagio. En el 2016, la Universidad de Lima había
confirmado evidencias de plagio en cuatro modalidades en la tesis de maestría
de su fundador. Que el licenciamiento de la UCV haya sido aprobado por seis
años, a diferencia del de otras universidades, que lo han obtenido por diez,
implica que la entidad está aún en observación. Pero mientras tanto, la
universidad que se había convertido en una de las razones simbólicas para crear
la Ley Universitaria hoy puede
decir que cumple con las condiciones básicas que garantizan una educación de
calidad.
Fuente: Semana Económica.
